El BOE publicaba el pasado viernes 26 la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, por la que se añaden al vigente Código Penal tres nuevos artículos que persiguen la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum sin autorización de las Cortes. Las penas fijadas para este delito varían entre los tres y cinco años de prisión.

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