El Gobierno de Aragón obligará en el plazo de dos meses a todas las compañías dedicadas a la prestación de servicios de suministro de agua, gas, electricidad y transporte colectivo urbano a disponer de hojas de reclamaciones a disposición de sus usuarios, tal y como marca el Decreto 311/2001, de 4 de diciembre.
Actualidad Jurídica vLex › 1 de Enero de 2001
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