Los grupos parlamentarios de IU y PSOE tienen intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Arbitraje que incluye una enmienda popular por la que se reforma el Código Penal en aras de castigar con penas de tres a cinco años de prisión a quienes convoquen referéndums sin autorización.
Actualidad Jurídica vLex › 1 de Enero de 2001
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